SINIESTROS DE TRÁFICO:

ACTUAL PROBLEMÁTICA CON OFERTA MOTIVADA.

Raúl Novas Fernández

-Abogado-

Colegiado Nº 3.739 I.C.A. Vigo

 

En Vigo, a 6 de junio de 2017.

La entrada en vigor del Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, ha supuesto un cambio diametral en la forma de cuantificar las diferentes partidas indemnizatorias – lesiones temporales, permanentes, fallecimiento- así como en el preceptivo cumplimiento de una serie de requisitos extrajudiciales por parte de la entidad aseguradora y del perjudicado.

El art. 7.1 LRCSCVM, establece que “el  asegurador, dentro del ámbito del aseguramiento obligatorio y con cargo al seguro de suscripción obligatoria, habrá de satisfacer al perjudicado el importe de los daños sufridos en su persona y en sus bienes, así como los gastos y otros perjuicios a los que tenga derecho según establece la normativa aplicable”.

Como requisito previo al ejercicio de la acción directa contra la aseguradora, el párrafo 3º establece que  el perjudicado con carácter previo a la interposición de la demanda judicial, deberá comunicar el siniestro al asegurador, pidiendo la indemnización que corresponda.

Así pues, la petición de indemnización por parte del lesionado, se convierte en un requisito de procedibilidad, debiendo adjuntarla a la eventual demanda que en un futuro se presente.

Por otra parte, el art. 7.2 del mismo texto legal, dispone que en el plazo de tres meses desde la recepción de la reclamación del perjudicado, tanto si se trata de daños personales como en los bienes, el asegurador deberá presentar una oferta motivada de indemnización si entendiera acreditada la responsabilidad y cuantificado el daño, que deberá cumplir los requisitos expuestos en el apartado tercero:

  1. a) Contendrá una propuesta de indemnización por los daños en las personas y en los bienes que pudieran haberse derivado del siniestro. En caso de que concurran daños a las personas y en los bienes figurará de forma separada la valoración y la indemnización ofertada para unos y otros.
  2. b) Los daños y perjuicios causados a las personas se calcularán según los criterios e importes que se recogen en el Título IV y el Anexo de esta Ley.
  3. c) Contendrá, de forma desglosada y detallada, los documentos, informes o cualquier otra información de que se disponga para la valoración de los daños, incluyendo el informe médico definitivo, e identificará aquéllos en que se ha basado para cuantificar de forma precisa la indemnización ofertada, de manera que el perjudicado tenga los elementos de juicio necesarios para decidir su aceptación o rechazo.
  4. d) Se hará constar que el pago del importe que se ofrece no se condiciona a la renuncia por el perjudicado del ejercicio de futuras acciones en el caso de que la indemnización percibida fuera inferior a la que en derecho pueda corresponderle.

 

  1. e) Podrá consignarse para pago la cantidad ofrecida. La consignación podrá hacerse en dinero efectivo, mediante un aval solidario de duración indefinida y pagadero a primer requerimiento emitido por entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o por cualquier otro medio que, a juicio del órgano jurisdiccional correspondiente, garantice la inmediata disponibilidad, en su caso, de la cantidad consignada.

 

No obstante, muchas podrían ser las consecuencias jurídicas dimanantes de la emisión por parte de la Aseguradora de una Oferta Motivada que no cumpla todos y cada uno de estos requisitos:

¿Falta de  validez?

¿Imposibilidad de solicitar un Informe Complementario al Instituto de Medicina Legal en caso de disconformidad con Oferta?ex art. 7.5 LRCSCVM-.

¿Devengo de intereses de demora?ex art. 20 LCS-.

¿Posibles consecuencias sancionadoras administrativas por parte de la Compañía Aseguradora?Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras y  Orden ECC/2502/2012, de 16 de noviembre -.

¿Requisito de procedibilidad y no admisión a trámite de la eventual demanda ejercitando acción directa?ex art. 403 LEC en relación con el art. 7.8 LRCSCVM -.

Así las cosas, esta novedosa reforma que ha sufrido el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, va a ser objeto de numerosas interpretaciones por parte de las diferentes Audiencias Provinciales y del Tribunal Supremo de nuestro país, por cuanto, lo expuesto en este comentario, supone uno de los tantos puntos que van a crear problemática – procesal y extrajudicial- y que los abogados de asegurados y por ende, del justiciable habremos de afrontar.

Fecha y lugar, ut supra.

 

RAÚL NOVAS FERNÁNDEZ

Abogado Colegiado Nº 3.739 I.C.A. Vigo

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies