Establece, a través de una enmienda en el proyecto de ley de la nueva oficina judicial, aprobado ayer, que esta profesión es incompatible con la de abogado.

La Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados salvó ayer, al menos de momento, la profesión de procurador de una muerte segura al aprobar ayer, por unanimidad, el texto que habilitará en España la oficina judicial y que ha incluido una enmienda que establece por ley la incompatibilidad de esta profesión con la de abogado.

De esta forma, queda sin efecto lo pretendido a través de la ley ómnibus, que quiere acabar con todas las incompatibilidades entre profesiones, excepto las que estuvieran establecidas por norma con rango de ley.

Hasta la fecha, las profesiones de abogado y procurador tienen dicha incompatibilidad recogida en un reglamento por lo que, una vez entrara en vigor la ley ómnibus, debía entenderse automáticamente derogada. Ahora se han cambiado las tornas en favor de los procuradores, ya que sin esta enmienda, ahora aprobada, se produciría «la muerte de la procura», como en su día alertó Estévez.

Sin embargo, los procuradores a través de su Consejo General, encabezado por Juan Carlos Estévez, han logrado truncar, a través de una modificación legal paralela, los avances de la Directiva de Servicios. Ahora, claro está, este éxito tiene que ser ratificado durante la tramitación en el Senado.

Pese a todo, Estévez destacó ayer que se trataba de «un asunto que nos preocupaba y que teníamos que resolver», aunque reconoció que «simplemente se trata de mantener la situación preexistente de independencia entre ambas profesiones».

La Comisión Nacional de Competencia en un reciente informe abogaba por acabar con las incompatibilidades entre ambas profesiones al suponer «una barrera de entrada al ejercicio de actividad e impedir que se puedan ofrecer servicios multiprofesionales a los consumidores».

Sin embargo, Estévez opina que «tratando de defender la libre competencia hasta el extremo, la CNC se olvida de que la propia Directiva de Servicios indica que puede haber excepciones». En su opinión, «la función pública que realizan los procuradores justifica esta excepción y así lo ha considerado el Congreso».

Por último, añade que si por la CNC fuera «desaparecerían hasta los colegios profesionales. Se puede ser defensor de la libre competencia pero no por ello hacer tabla rasa con todas las profesiones».

Recurso de súplica
El texto aprobado ayer permite, además, que los graduados sociales puedan firmar y presentar recursos de súplica ante el Tribunal Supremo. Esta ha sido una reivindicación perseguida por este colectivo desde antaño y cuya justificación reside en el hecho de que la intervención del letrado en el recurso de súplica, en no pocas ocasiones, se limita a ratificar o rubricar lo actuado por el graduado social.

La enmienda forma parte del dictamen del Proyecto de Ley de Reforma de la Legislación Procesal para la Implantación de la Nueva Oficina Judicial, ratificado ayer por la Comisión de Justicia, por unanimidad, y que aglutina los artículos de carácter ordinario de la reforma, que ahora continuará su tramitación en el Senado.

Asimismo, la Comisión dió luz verde al informe de la Ponencia del Proyecto de Ley Orgánica Complementaria, que incluye los artículos que implican una modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, cuya aprobación definitiva tendrá lugar en el Pleno del próximo 25 de julio. Entre estas materias se encuentran los señalamientos de las vistas y la limitación de la jurisdicción universal.

Las críticas del regulador
El paquete de medidas aprobado ayer tiene como fin último lograr la modernización de la Administración de Justicia. Sin embargo, la autoridad de Competencia criticaba ayer, al hacer público su informe al Proyecto de la Ley Ómnibus, que a través de esta vía se estuviera intentando evitar determinados efectos de la Directiva de Servicios.

En el texto que Economía redactó el 22 de mayo, después del dictamen del Consejo de Estado, mantenía la voluntariedad de los visados. Es decir, ya no serían obligatorios. Sin embargo, en el texto que aprobó el Consejo de Ministros, se remite a un futuro real decreto para decidir qué visados serán obligatorios, en su caso. Esto es un límite al espíritu liberalizador inicial de Economía.