Conciencia de oficio

Por Álvaro Gálvez Medina 

El diecisiete de octubre del año pasado, en torno a las nueve menos cuarto de la mañana, me bajé del autobús de línea en la parada de los juzgados, y ya en la puerta principal había un buen grupo de gente esperando a que le permitiesen el paso. Serpenteando entre el tumulto logré acceder al interior y, con la intención de mostrar seguridad y determinación, obvié el arco de seguridad; entonces, un guardia civil me paró y me preguntó quién era. «Soy nuevo en el Servicio de Orientación Jurídica», contesté. El hombre sonrió y me deseó suerte, él ya sabía lo que me esperaba. Fui en busca de Javier, el letrado titular, y me indicó dónde estaba mi despacho, un tabuco sin ventanas. Me aseguró que podía salir para preguntarle cualquier duda, pues era normal no tener respuestas para todo; después colocó el dispensador de números entre la puerta de su despacho y el mío, de lo que me encargaría durante los cuatro meses siguientes, y se dirigió hacia su escritorio. Él atendería al primero.

 

Me acomodé, ordené mi mesa, más en busca de calma que por necesidad, y esperé a que empezara a llegar la gente. Sentí el rumor de los justiciables, que uno a  uno, con algún conflicto de por medio, iban cogiendo los tiques por orden de llegada. Javier hizo entrar al primero, lo pude oír, y llegó mi turno. Debía atender la primera solicitud. Pulsé el botón del mando a distancia, se reprodujo un estridente pitido y una mujer entró y se sentó frente a mí. Acto seguido pronunció la frase que más escuché a lo largo de mis cuatro meses en el Servicio de Orientación Jurídica: necesito un abogado de oficio.

 

Por curiosidad, por saber qué lleva a la gente a solicitar un abogado de oficio, registré todas las solicitudes que atendí, indicando la materia en cada caso. He de decir que, de haberlo hecho también mi compañero, sus resultados podrían haber sido diferentes, pero en absoluto le sorprendieron los míos.

 

No le sorprendió saber que, de mil ciento sesenta y nueve  registros, cuatrocientos sesenta eran relativos a Derecho de Familia, es decir, en un treinta y nueve por ciento de los casos. En esta materia, lo más frecuente era tramitar modificaciones de medidas, divorcios o medidas de uniones de hecho. En ocasiones no sabían si querían separarse o divorciarse; otras veces, estaban interesados en regular su situación familiar, querían que un convenio evitase dudas en cuanto a sus derechos y obligaciones en ese sentido; también hubo justiciables que, con total sinceridad, manifestaban que su voluntad era la de acreditar sus circunstancias personales para solicitar subvenciones.

 

Por otro lado, llegando al veintiséis por ciento de las solicitudes, estaba Civil General. De doscientas noventa y nueve solicitudes, destacan los desahucios, con cincuenta y nueve, y los procesos monitorios, que llegaron a cincuenta. En este grupo también  se  incluyen,  por  ejemplo,  las  reclamaciones,  en  general,  entre        vecinos

 

(reclamación por daños en vivienda o impugnaciones de juntas vecinales), o las de accidentes de tráfico.

 

En cuanto a los asuntos de Derecho Penal, únicamente representaron un ocho  por ciento, pero debe aclararse que en la mayoría de los casos, cuando se requiere una abogado de oficio, no es necesario acudir al Servicio de Orientación Jurídica; normalmente, es el propio juzgado el que se encarga de las designaciones. En relación con esta materia, fundamentalmente se solicitaba la asistencia jurídica gratuita para recurrir en apelación juicios sobre delitos leves, para personarse en una causa como acusación particular, o para que fuesen asistidos por un letrado en la primera  declaración de unas diligencias previas.

 

Con ochenta solicitudes, es decir, un siete por ciento del total, estaba Derecho Hipotecario. Principalmente, se trataban de ejecuciones hipotecarias y reclamaciones por cláusulas suelo y gastos notariales. En este caso el incremento en el número de solicitudes sobre cláusulas suelo y gastos fue directamente proporcional al del tratamiento del asunto en los medios de comunicación, la influencia de la prensa fue evidente.

 

Relativas a Derecho Laboral, las solicitudes, que fueron cincuenta, se centraron en despidos y reclamaciones de cantidad; sobre Derecho Administrativo fueron treinta y ocho, y se trataban de reclamaciones patrimoniales contra la Administración. Podría decirse que fueron anecdóticas las solicitudes de Extranjería y Derecho Concursal, siete y cuatro, respectivamente.

 

Por último, considero importante añadir que en torno al doce por ciento de las personas que recurrieron al Servicio de Orientación Jurídica no llegaron a solicitar abogado de oficio; únicamente solicitaban que se les asesorase. No olvidaré aquel día en que un extranjero me pidió que le explicase el contenido del documento que le habían entregado en el juzgado, pues no sabía español, y se trataba de una sentencia que lo condenaba a más de cuatro años de prisión. Tampoco olvidaré aquella mujer bajo los efectos de a saber qué droga que debía testificar en un juicio contra un traficante de drogas, y había sido amenazada de muerte. Podría seguir tecleando largo rato sobre anécdotas, pero no es el momento de divagar.

 

Estos son los datos que obtuve tras desarrollar mi trabajo. Fue una experiencia positiva por muchas razones, y me hizo reflexionar. Tuve la sensación de encontrarme en un eficaz observatorio social. Escuché a más de mil personas durante aquellos cuatro meses, y rara vez se mostraban reacias a contar su historia, sus problemas; más bien parecía todo lo contrario, muchas veces hablaban con la naturalidad del que no tiene nada que perder. No tenían recursos económicos suficientes como para pagar a un abogado, y verdaderamente lo necesitaban en la mayoría de los casos.

 

Con gran recurrencia trataba de imaginar qué hubiese sido de todas las personas a las que atendía si el artículo ciento diecinueve de la Constitución Española no hubiese existido, estipulando que «la justicia será gratuita cuando así lo disponga la ley y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar». Este planteamiento se convirtió en una fuente generadora de dudas y reflexiones, a saber:

¿qué hubiese sucedido si la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), la Convención Europea de Derechos Humanos (1950), o la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (2000) no hubiese recogido entre sus preceptos que se debe garantizar la tutela judicial efectiva?, ¿qué sucedería si nos arrebatasen el derecho a defendernos ante la Ley? Todos estamos de acuerdo en que los estados deben velar por que sus ciudadanos tengan acceso a la justicia, porque quién pondría en duda que «todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos», o que «todos tienen derecho (…) a la defensa y a la asistencia de letrado (art. 24 CE)». En definitiva, estamos ante un derecho fundamental; otra cosa es que los incuestionables preceptos se materialicen.

 

El turno de oficio se creó con el objetivo de garantizar la tutela judicial efectiva. De este modo presta el Estado dicho servicio público, de este modo cumple con su obligación; sin embargo, ¿se preocupa por que el turno de oficio sea de calidad?, ¿se preocupa por que los  encargados  de ejecutar el  trabajo  lo  puedan hacer  dignamente?,

¿valora el Estado a los abogados de oficio? Continúan asaltándome las dudas, y ahora vienen acompañadas de cierto pesimismo, pues los hechos muestran que el turno de oficio no está siendo tratado con la importancia que merece, y esto debe cambiar.

 

Pero, en primer lugar, antes de buscar culpables, se debe reflexionar sobre el propio gremio; es decir, ¿valoramos los abogados de oficio el trabajo que desempeñamos?, ¿nos lo hemos llegado a preguntar en alguna ocasión? Más que protestar por inercia o, peor aún, no hacer nada, si queremos imprimir más fuerza a nuestras  protestas  y  mejorar  la  situación,  debemos  empezar  por  nosotros   mismos.

¿Nadie tiene un compañero que menosprecia el turno de oficio? Mejor dicho: ¿quién no tiene un compañero que lo menosprecia? Por ello, debemos tratar de que se tome conciencia de que la función que realizamos es fundamental en un Estado de Derecho, y de que se sepa que luchar por un turno de oficio digno es luchar por nuestra profesión  en general; de esta forma lograremos ser más contundentes con nuestras reivindicaciones.

 

Puede que así logremos que el asunto empiece a suponer un cargo de conciencia para nuestros gobernantes, pues parece que de oficio no van a actuar.

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