JURISDICCIÓN PENAL ABIERTA PARA SINIESTROS DE TRÁFICO PRODUCIDOS IMPRUDENCIA E INFRACCIÓN GRAVE
Raúl Novas Fernández
-Abogado-
Colegiado Nº 3.739 I.C.A. Vigo

En Vigo, a 25 de octubre de 2017.

A raíz de la entrada en vigor de la reforma del Código Penal de 1 de julio 2015 junto con la entrada en vigor del Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor –el nuevo baremo de tráfico-, ha supuesto un cambio diametral en la forma de reclamar la eventual indemnización que al perjudicado un siniestro de tráfico pudiera corresponderle, en cuanto a la jurisdicción competente, procedimiento y actuaciones previas y preparatorias.

Dichas reformas dejaban prácticamente cerrada la vía penal para obtener beneficios el perjudicado como ser reconocido por el Médico Forense o la obtención de un Auto de Cuantía Máxima.
Sin embargo, un reciente Auto de la Audiencia Provincial de Madrid (Auto nº 165/2017, de 23 de febrero), del que ha sido ponente el magistrado el Ilmo. Sr. Vicente Magro Servet, analiza y aclara los distintos parámetros y preceptos legales que tienen que concurrir en estos casos para que puedan considerarse las lesiones como posible delito y tramitarse por esta vía.

En síntesis, este Auto viene a decir que para que la denuncia penal por lesiones producidas en un accidente de tráfico prospere y no archivarla, tienen que concurrir todos estos requisitos:

1.- Los hechos tienen que estar incluidos en alguna de las INFRACCIONES GRAVES o MUY GRAVES que establece la Ley de Tráfico y Seguridad Vial – ahora, Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial-.

2.- La conducta infractora tiene que haber causado determinadas LESIONES. Si se trata de un accidente con imprudencia grave el que ha causado las lesiones -es decir, una infracción muy grave del art. 77 de la Ley de Tráfico-, el artículo 152.1 CP establece que las lesiones han de menoscabar su integridad corporal o su salud física o mental (art. 147.1 CP).

Así pues, el siguiente paso es analizar la redacción del art. 152 CP:
1. El que por imprudencia grave causare alguna de las lesiones previstas en los artículos anteriores será castigado, en atención al riesgo creado y el resultado producido:
1.º Con la pena de prisión de tres a seis meses o multa de seis a dieciocho meses, si se tratare de las lesiones del apartado 1 del artículo 147.

Por último, y atendiendo lo dispuesto en el art. 147.1 CP: El que, por cualquier medio o procedimiento, causare a otro una lesión que menoscabe su integridad corporal o su salud física o mental, será castigado, como reo del delito de lesiones con la pena de prisión de tres meses a tres años o multa de seis a doce meses, siempre que la lesión requiera objetivamente para su sanidad, además de una primera asistencia facultativa, tratamiento médico o quirúrgico. La simple vigilancia o seguimiento facultativo del curso de la lesión no se considerará tratamiento médico.

Es en este momento cuando se debe relacionar lo establecido en el art. 152.1.1º CP – en relación al término IMPRUDENCIA GRAVE- con lo que entiende el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial por INFRACCIÓN MUY GRAVE:

En este sentido, establece el art. 77.c) de este RDL lo siguiente:

Son INFRACCIONES MUY GRAVES, cuando no sean constitutivas de delito, las conductas tipificadas en esta ley referidas a:

C.- CONDUCIR con TASAS DE ALCOHOL superiores a las que reglamentariamente se establezcan, o CON PRESENCIA EN EL ORGANISMO DE DROGAS.

Así las cosas, no hay duda de que el hecho de conducir arrojando tasas de alcohol o con presencia en el organismo de drogas son Infracciones muy graves – vid. Art. 77.c) RDL 6/2015, de 30 de octubre. No obstante, el caballo de batalla es dirimir si estos hechos pueden encuadrarse dentro de la definición que ofrece el delito de lesiones del art. 147.1 CP.

Como se habrá podido intuir, sería de vital importancia que admitan a trámite una denuncia por lesiones ocurridas en accidente de tráfico, y posterior transformación de Diligencias Previas a Procedimiento Abreviado, ya que para el caso de que el investigado o acusado pueda solicitar el beneficio de la SUSPENSIÓN PENA, debe asumir la RESPONSABILIDAD CIVIL – vid. Art. 80.2.3º del vigente Código Penal-.

Ello, sería completamente beneficioso para los intereses del perjudicado, ya que se ahorraría en la vía civil los derroteros y juicio frente a la compañía aseguradora, la cual a buen seguro presentaría los denominados “informes biomecánicos”, discutiría el famoso “Delta V”, el “umbral mágico de levisivad” o “barrera lesional de los 8 km/h” en las colisiones por alcance – frontolaterales, laterales o frontales-. Para ello, podría dedicársele un estudio muy extenso, incluyendo críticas de la mayoría de Audiencias Provinciales a estos informes realizados por Ingenieros Técnicos Industriales sin titulación médica alguna de gran parte de las Audiencias Provinciales de nuestro territorio nacional.

En este sentido, y como a continuación se expondrá, cobra vital importancia el informe médico de urgencias así como de seguimiento del traumatólogo. Esto es, hemos de estudiar si se han recetado antiinflamatorios o si se ha pautado tratamiento rehabilitador.

JURISPRUDENCIA TRIBUNAL SUPREMO. DELITO LESIONES & IMPRUDENCIA GRAVE

Dicha cuestión fue analizada por nuestro Tribunal Supremo:

SENTENCIA Nº 19/2016 DE TS, SALA 2ª, DE LO PENAL, 26 DE ENERO DE 2016:

El Tribunal Supremo en jurisprudencia consolidada ( SSTS 6-2-93 , 2-6-94 , 12-7-95 , 9-2-96 , 30-4-97 ,26-2-98 , 20-5-98 , 26-5-98 , 16-6-99 , 5-11-99 , 14-1-2000 ,1-12 2000 , 10-9-2001 , 7-11-2001 , 263-11-2001, 10-4-2002 y 34/13 ) entiende que es tratamiento médico aquel sistema que se utiliza para curar una enfermedad o para tratar de reducir sus consecuencias si aquélla no es curable. Existe ese tratamiento, desde el punto de vista penal, en toda actividad posterior tendente a la sanidad de las personas, si está prescrita por médico. Es indiferente que tal actividad posterior la realice el propio médico o la encomiende a auxiliares sanitarios, también cuando se imponga la misma al paciente, por la prescripción de fármacos o por la fijación de comportamientos a seguir (dietas, rehabilitación, etc.), aunque deben quedar al margen de lo que es tratamiento médico, el simple diagnóstico o la pura prevención médica. En el mismo sentido los Magistrados de las Secciones Penales de la Audiencia Provincial de Madrid, en reunión tendente a la Unificación de Criterios, celebrada el 29-5-2004, decidieron por unanimidad, que la aplicación de antiinflamatorios, collarín cervical, y/o un período de rehabilitación, fueran consideradas como tratamiento médico”.

EXCMO. SR. DON JOSÉ MANUEL MAZA MARTÍN. FISCAL GENERAL DEL ESTADO. Balance de aplicación de la reforma de los delitos imprudentes. Fiscalía General del Estado. Ministerio de Justicia.

La aplicación de la reforma de los delitos imprudentes y del sistema de valoración de daños. Balance de aplicación de la reforma de los delitos imprudentes:

“A finales del ejercicio de 2016 ha transcurrido ya un año y medio desde la entrada en vigor de la nueva categorización de la imprudencia –grave y menos grave– de los artículos 142 y 152 CP introducida por la LO 1/2015 y que entró en vigor en julio de 2015, lo que obliga a hacer un balance inicial de su aplicación. En el ámbito del Ministerio Fiscal puede decirse que, una vez superados los primeros momentos que se caracterizaron por la ausencia de criterios interpretativos en torno a las nuevas modalidades imprudentes, la publicación del Dictamen 2/2016, que ha tenido gran difusión en las Fiscalías territoriales y una buena acogida general, como ponen de manifiesto los Fiscales Delegados, ha servido para dotar a la actuación del Ministerio Público de unos primeros criterios interpretativos sobre la configuración sustantiva de las nuevas categorías de imprudencia y las pautas de actuación procedimental, con la finalidad última de orientar la unidad de actuación del Fiscal en la materia.

No obstante, desde el punto de vista judicial, como señalan los Delegados de la mayor parte de territorios, es todavía pronto para extraer conclusiones, pues han sido escasas las resoluciones judiciales que se han ocupado de la construcción dogmática de las nuevas modalidades, no existiendo sentencias de fondo de la mayoría de Audiencias Provinciales en torno a esta materia, y, las que lo han intentado, no siempre lo han hecho con criterios coincidentes. Debemos resaltar, por tanto, la inexistencia de pautas interpretativas consolidadas y uniformes emanadas de la llamada jurisprudencia menor, como ya poníamos de manifiesto en el Dictamen 2/2016 citado. En algunos territorios –por ejemplo, en Alicante por acuerdo de unificación de las Secciones Penales de la AP– se ha seguido la tesis de equiparar la imprudencia grave con las infracciones administrativas muy graves del art. 77 LSV y la menos grave con las graves del art. 76 LSV, mientras que en otros es rechazada la correlación directa y automática entre la gravedad de la infracción administrativa y la entidad de la imprudencia a efectos penales –por ejemplo, la SAP de Madrid n.º 479/2016, de 14 de septiembre–, siguiendo en este sentido el Dictamen 2/2016. En cualquier caso, más allá de este debate de «etiquetas», los Fiscales Delegados señalan que en sus territorios se sigue manteniendo una práctica equiparación de la imprudencia grave con la grave anterior, que no ha visto modificado su ámbito de aplicación, de suerte que la mayoría de las sentencias siguen configurando como constitutivos de imprudencia grave los comportamientos que, de acuerdo con la doctrina consolidada del TS (de la que se hace eco el Dictamen 2/2016 con la finalidad de devolver la adecuada calificación jurídica a conductas imprudentes graves que habían sido devaluadas en las praxis judiciales), ya venían considerándose como tales antes de la LO 1/2015, no ya en los casos claros de concurrencia del delito del art. 379.2 CP, sino también en los supuestos tradicionales de no detención ante semáforos en rojo o señales de stop, atropellos en pasos de peatones –SAP de Madrid n.º 479/2016 citada, de Ciudad Real n.º 3/2016, de 11 de enero, pleno no jurisdiccional de la AP de Badajoz de 14 de abril–, adelantamientos antirreglamentarios –SAP de Ciudad Real n.º 57/2016, de 19 de mayo–, o invasiones del sentido contrario –SAP de Ciudad Real n.º 32/2016, de 28 de marzo–, salvo que concurran circunstancias excepcionales que atenúen, degradándola, la falta de diligencia del conductor, en los que se ha apreciado imprudencia menos grave.

En cuanto a las repercusiones de la reforma en los procedimientos por imprudencias viales, coinciden los Fiscales Delegados al afirmar la existencia de una bipolarización en la tramitación atendiendo, más que al grado de imprudencia, al desvalor de los resultados producidos.

Así, en los casos de fallecimiento o lesiones graves lo habitual ha sido la incoación de diligencias previas en cuyo seno se ha depurado la entidad de la imprudencia y de las lesiones padecidas para una correcta subsunción de los hechos. Ahora bien, y esto es lo alarmante, en el resto de supuestos –lesiones no especialmente graves– se ha tendido por los Juzgados de Instrucción al dictado de autos de archivo a limine –incluso cuando hay indicios de imprudencia grave como en atropellos a peatones–, o el dictado indiscriminado de resoluciones de sobreseimiento libre, sin una mínima instrucción que aclare la gravedad de la imprudencia o la existencia de resultados lesivos típicos. Son prácticamente inexistentes las incoaciones directas de procedimientos por delitos leves de imprudencia menos grave, con el riesgo que supone de devaluación de la respuesta penal frente a los siniestros viales y protección de las víctimas, en un mal entendido alcance de la reforma, llegando al punto de que en algunas provincias no se ha llegado a celebrar juicio alguno por delito leve en materia de imprudencia menos grave en el ámbito de la siniestralidad vial.

Estas distorsiones se han podido corregir a través del mecanismo de los recursos cuando se han detectado, en la mayoría de ellos interesando los Fiscales la incorporación de informes forenses de sanidad o de informes técnicos con las causas del siniestro.

Apuntan asimismo algunos Delegados que se ha producido una cierta desjudicialización de los siniestros viales, con reducción en el número de atestados remitidos a los órganos judiciales. Así en Burgos se ha apreciado un descenso importante de diligencias previas incoadas por atestados que no viene acompañado del mismo descenso en los partes de lesiones, por lo que puede que, en contra del Dictamen 2/2016, no se estén remitiendo o instruyendo todos los atestados, lo que ha obligado, como apuntan algunos Fiscales Delegados, a mantener reuniones o sesiones informativas con las policías de tráfico para corregir la situación.

La categoría, por tanto, de la imprudencia menos grave prácticamente no ha sido aplicada sino después de la tramitación de diligencias previas, en resoluciones del artículo 779 LECrim o tras la conversión en Procedimiento Abreviado a instancia del Fiscal, cuando se investigaban comportamientos inicialmente graves pero fronterizos con la nueva categoría, en casos muy limitados.

En definitiva podemos concluir con la inexistencia de criterios consolidados de interpretación de las nuevas categorías de imprudencia y en la paralela existencia de parcelas desjudicializadas y praxis judiciales tendentes asimismo a excluir a limine de la vía penal supuestos indiciarios de imprudencia sin una mínima instrucción, que han podido ser corregidas, al menos en parte, por la vía del recurso del Ministerio Fiscal, con el consiguiente riesgo de devaluación de las imprudencias de tráfico más allá de los designios y finalidad de la reforma de la LO 1/2015”.

La mayoría de profesionales especializados en materia de tráfico, están de acuerdo en que el nuevo baremo va a ser objeto de numerosísimas interpretaciones de nuestros Órganos Judiciales en cuanto a los requisitos que debe contener una Oferta Motivada, el devengo de intereses moratorios, posibilidad de solicitud de Informe Complementario al Instituto de Medicina Legal en caso de disconformidad con Oferta, deducción de prestaciones de carácter público que reciba el lesionado por el mismo contexto, etc.

No obstante, tal y como se ha expuesto en el presente estudio, todavía queda abierta la vía penal para determinados siniestros, pudiendo ahorrarse el perjudicado todos los requisitos previos y procesales a la interposición de demanda en la vía civil en reclamación de indemnización a causa de un siniestro de tráfico y por ende, quedar totalmente resarcido en el mismo procedimiento penal, no entrando a valorar su naturaleza punitiva.

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